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Unión Europea: Permisos para contaminar

 

Fondo amarillo con el título del informe escrito y un símbolo tóxico de un pez muerto y un árbol con las 12 estrellas de la UE a su alrededor.

Unión Europea: Permisos para contaminar

La UE deroga las normas sobre permisos para contaminar y financia infraestructuras contaminantes


//corporateeurope.org

11.05.2026


Nuestro nuevo informe, «Permiso para contaminar» , revela cómo la Comisión Europea está desmantelando las normas de concesión de permisos para infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una campaña de desregulación más amplia impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Si bien la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de las leyes de permisos, en la práctica, corre el riesgo de erosionar las protecciones sociales y ambientales, tan arduamente conseguidas, que sustentan estas normas.

Descargue el informe completo aquí.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de constantes críticas por parte de las grandes tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión mineros. Además, bajo etiquetas como «estratégico» o «de interés público superior», los proyectos perjudiciales logran cada vez más eludir los procedimientos de concesión de permisos habituales. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos reciben dicha etiqueta?

Documentos obtenidos por CEO revelan cómo las principales empresas contaminantes han presionado para obtener un acceso más fácil a permisos —y subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Estos documentos muestran cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a actores de la industria a influir en su agenda de desregulación de permisos. Europa corre el riesgo no solo de convivir con una mayor contaminación, sino también de pagar a las empresas contaminantes para que la generen.

Algunas de las principales demandas de la industria que se están satisfaciendo incluyen: 

  • Agilización de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática; 
  • Evaluaciones ambientales más sencillas y rápidas, lo que significa menos protección; 
  • Más proyectos contaminantes clasificados como "estratégicos" o de "interés público" y, por lo tanto, recibiendo un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones ambientales o sociales; 
  • Las leyes de protección del agua y de la naturaleza quedaron expuestas a ser debilitadas.

Desplácese hacia abajo para ver los hallazgos clave.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los impactos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

  • En Suecia, las formas de vida indígenas están siendo destruidas, los hogares perdidos y el agua contaminada al servicio de un nuevo proyecto minero.
  • En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos para la seguridad en caso de fugas, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
  • En Irlanda, la creciente demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al aumento de los precios de la energía y al riesgo de apagones, al tiempo que se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

Lea los estudios de caso completos aquí o lea los resúmenes a continuación.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Las exigencias de la industria plasmadas en la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, la Ley Ómnibus Ambiental, el Paquete de Redes y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones ambientales, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —como la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— se considerarían de «interés público» y se beneficiarían de permisos acelerados. Se prevén más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, y en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los avances en desregulación, pero exige más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas, IOGP, elogió la Ley Ómnibus Ambiental y el Paquete de Redes por lograr un progreso real en las demandas de larga data de la industria. Los miembros de BusinessEurope impulsaron con éxito exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de una ley ómnibus de permisos de amplio alcance que busca debilitar simultáneamente múltiples protecciones ambientales.

Influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen buscó consejos sobre desregulación directamente de la Mesa Redonda Europea para la Industria, se asoció con grupos de combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo "simplificar" los permisos y recurrió a nuevos procesos de consulta (Diálogos de Implementación y Controles de la Realidad) fuertemente dominados por la industria.

Financiación pública para las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de "reducción de riesgos", un Banco de Descarbonización Industrial, normas más flexibles sobre ayudas estatales y otros mecanismos de financiación pública.


Los tres estudios de caso presentados en "Permiso para contaminar" revelan solo algunos de los impactos potencialmente desastrosos que supone la eliminación de las normas de la UE sobre permisos para las personas y el medio ambiente:

1. Nuevas minas en el norte de Suecia

Mapa de Europa que destaca Suecia y la ciudad minera de Kiruna.

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional de la comunidad indígena sami de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo se basa en el pastoreo de renos. Si este desaparece, la cultura sami también desaparecerá».

Considerado estratégico: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE considerados estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a "no más de 27 meses", restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta pública. LKAB ejerció una influencia desproporcionada en el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión otorgara a Per Geijer la categoría de proyecto estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, que recientemente dejó su cargo, también fue presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición de Permisos Informales junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar la actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en varias ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström en un viaje de estudio en junio de 2025, donde se destacaron los desafíos relacionados con los permisos.

Recurso judicial: Gabna ha demandado a Per Geijer, pero no son los únicos. Grupos portugueses han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, catalogada como «Proyecto Estratégico». Cabe esperar más resistencia.


2. Gasoductos de CO2 en toda Europa

Mapa de los gasoductos de CO2 planificados en Europa

Nuevos gasoductos de tramitación acelerada, potencialmente letales: Los planes de la UE para gasoductos de CO₂ se están tramitando con rapidez aprovechando resquicios legales. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo, EE. UU., representan un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y consecuencias para la salud a largo plazo. Dada la mayor densidad de población en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar fatal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los oleoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen ambiciosos planes: la UE prevé la construcción de 19.000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23.000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia también tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por la simplificación de las leyes de permisos. En ambos casos, se enfrentan a una fuerte oposición.

Gasoductos de CO₂ en Italia: Como parte del controvertido proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, respaldado por los gigantes del gas Eni y Snam, se proyectan gasoductos de CO₂ a pocos metros de zonas residenciales. Un gasoducto de 100 km atravesará áreas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como lugares de gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Su tramitación se ha acelerado y se considera de interés público primordial gracias a su inclusión en la lista de Proyectos de Interés Común de la UE.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea para la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para obtener resquicios legales en materia de permisos para la infraestructura de CO₂ . La ERT también abogó por una "red troncal de infraestructura de CO₂ " compuesta por gasoductos en toda Europa, que probablemente se aprobará en la próxima ley de infraestructura y mercados de CO₂ , impulsada también por el grupo de petróleo y gas IOGP.

3. Centros de datos en Irlanda

Mapa de Irlanda que muestra cuántos centros de datos hay alrededor de Dublín.

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión, impulsado por las grandes tecnológicas, consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto implicará un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas energéticas más elevadas, al tiempo que proporcionará un salvavidas a la industria de los combustibles fósiles, gracias a la construcción de nuevas infraestructuras de gas para alimentarlos. Debido a la importante presencia de grandes tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra a la vanguardia en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad que los hogares, y se prevé que esta desigualdad empeore. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los precios de los centros de datos bajarán un 14 %.

La gran demanda de electricidad impulsa el uso de combustibles fósiles: En las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que albergan decenas de centros de datos, consumiendo la asombrosa cifra del 50 % de la electricidad de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos, como el de Microsoft en Grange Castle, se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles.

El gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo catalogar los centros de datos como infraestructura "estratégica", lo que habría limitado el margen de apelación y acelerado la concesión de permisos. Además, está invirtiendo fuertemente en nueva infraestructura de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que está socavando los objetivos climáticos del país.

La presión ejercida por las grandes tecnológicas ha tenido éxito en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han logrado revocar una moratoria de facto sobre nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces han visto cómo el gobierno irlandés introducía una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas ponen en el punto de mira las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir varias leyes de la UE que forman parte de su sistema de permisos, razón por la cual ahora son objeto de la presión de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de oponer resistencia, la UE ha extendido la alfombra roja, invitando a grupos del sector tecnológico como Digital Europe y CCIA a un evento especial para las partes interesadas sobre la Ley Ómnibus de Medio Ambiente, que posteriormente incluyó evaluaciones ambientales aceleradas.

Las grandes tecnológicas buscan agilizar los permisos: Documentos de lobby revelan que pretenden acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y ambientales, y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite la posibilidad de oponerse a los permisos para centros de datos únicamente a quienes residan en un radio de 50 metros.


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