México: La noche de la Montaña de Guerrero, 74 muertos, 25 desaparecidos…

 

México: La noche de la Montaña de Guerrero, 74 muertos, 25 desaparecidos…

Zósimo Camacho

//lucesdelsiglo.com/

30 abril, 2026

A principios de mes dimos cuenta del asesinato, en Xicotlán, Chilapa de Álvarez, de cuatro policías comunitarios: Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario. No son casos aislados. Los nombres se suman a una lista que, de 2014 a la fecha, se integra ya de 74 asesinados y 25 desaparecidos. La mayoría, de la Montaña de Guerrero, aunque también hay numerosos casos de la Costa Chica y uno de la Costa Grande de la misma entidad.

Todas las víctimas, activistas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Todas, atacadas por el cártel conocido como Los Ardillos.

La organización de las comunidades nahuas, me’phaa y na’saavi por la defensa del territorio, la cultura y los derechos indígenas ha significado un obstáculo para las actividades del grupo criminal. El cártel quiere tener comunidades aterrorizadas y sumisas, que le provean de “trabajadores”, protección y refugio… que, lejos de interrumpir sus actividades, participen en la siembra de cultivos ilegales; manufactura de sustancias; trasiego de drogas, armas, personas; y en otros delitos, como la extorsión, el secuestro, el despojo.

La resistencia de las comunidades ha sido ejemplar; pero lo han hecho solas. Se procuran solidaridad entre ellas y se han volcado en fortalecer sus estructuras organizativas. El costo ha sido muy alto. El Cipog-EZ ha documentado cada agresión armada, asesinato, desaparición… El expediente, con información incontrovertible, cada vez es más abultado. El Estado mexicano casi siempre ha mirado de lejos estos crímenes y ha otorgado algunas medidas cautelares a favor de activistas que luego retira.

Alfredo Cuapango Cuapango tenía 16 años cuando desapareció el 15 de septiembre de 2014 en Chilapa. Sus padres fueron a recogerlo cuando regresaba a la región de trabajar como albañil en Cuernavaca. Hombres armados les dispararon, el padre arrancó el coche, pero Alfredo ya no iba dentro. Su teléfono sonó hasta la 1 de la madrugada. Después, silencio. Nadie lo ha vuelto a ver.

Nicolás Rodríguez Rodríguez iba a ser policía comunitario. Le faltaba un mes para asumir su servicio cuando fue desaparecido en julio de 2017 en la sierra de La Guitarra, Totolapan. En diciembre de 2018, doce personas –tres adultos y nueve menores, incluida Anita Espiridión Andraca, de sólo tres años– fueron desaparecidas en Paraíso de Tepila. Las edades de los niños oscilan entre los 3 y los 17 años.

La guerra comenzó mucho antes. En 2015, Isaac Xochitempa Chautla, promotor y consejero de la CRAC-PC-PF, viajaba como chofer de una camioneta de transporte público en la ruta San Jerónimo-Chilapa. Junto a él iban Ángela Casarrubias Cortés, Victoria Díaz Bernabé y Ana Orgín Casarrubias, una maestra de 22 años. Todos fueron ejecutados el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya. Una niña de 4 años resultó herida. Logró sobrevivir. ¿Qué recuerda hoy la pequeña de aquel día?

En 2019, los cuerpos comenzaron a aparecer con una frecuencia que volvía insoportable cada amanecer. Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote fueron secuestrados el 23 de mayo en el crucero del Jagüey. Al día siguiente aparecieron desmembrados, embolsados, en Las Antenas, a orillas de la carretera federal Chilapa-Tlapa. El Jagüey es un punto clave: allí hay un cuartel del Ejército Mexicano. En 2022, a 100 metros de ese mismo puesto de control, Los Ardillos asesinaron a Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales. Hace unas semanas, cuando la masacre de Xicotlán, la camioneta blindada pasó de ida y regreso frente al cuartel. Nadie vio nada.

La lista de asesinatos tiene nombres que duplican tragedias en una misma familia. En mayo de 2019, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián fueron interceptados y ejecutados al regresar de una reunión del Cipog-EZ en Chilpancingo. El 17 de enero de 2020, 10 nahuas que llevaban el equipo de sonido de un grupo musical a una fiesta patronal en Tlayelpan fueron ejecutados. Entre ellos, Israel Mendoza Pasado, de 15 años, hijo único, estudiaba tercero de secundaria. Había ido para cuidar los instrumentos. En diciembre de 2020, cuatro indígenas nahuas –María, Amalia, José Benito y Miguel– fueron encontrados torturados, maniatados y asesinados a tiros en La Herradura. En agosto de 2023, en Chilapa, Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo Juan Xochitempa Macario, de 16 años, fueron asesinados mientras cargaban gasolina. En febrero de 2025, Porfirio Morales, de 12 años, y Mateo Francisco, de 14, fueron localizados sin vida entre El Crucero y Tletempa. Eran de Xochitempa. Esta guerra contra los pueblos indígenas no distingue edades.

Y mientras los cuerpos se acumulan, las instituciones dejan de funcionar. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para salvar vidas, se ha convertido en un instrumento de sentencia. A Jesús Plácido Galindo –promotor del Cipog-EZ– le pusieron una “pausa” a sus medidas en febrero de 2026, después de que Los Ardillos lo señalaran públicamente en un bloqueo en la Autopista del Sol. A Isaías Morales Lucas le negaron el mecanismo durante dos años… hasta que fue asesinado. El mensaje es claro: defender la vida, la tierra y el territorio es causa de persecución en Guerrero. Y la pena puede ser la muerte.

El documento del Cipog-EZ que ha nutrido esta columna es un registro minucioso de 99 vidas –74 asesinados, 25 desaparecidos– con nombres, edades, fechas, lugares y formas de morir. Hay niñas de 3, 6 y 7 años desaparecidas. Hay adolescentes de 15, 16 y 17 años ejecutados. Hay ancianos de 70 y 72 años acribillados mientras pastoreaban su ganado. Hay policías comunitarios, consejeros, promotores, albañiles, comerciantes, campesinos, músicos, electricistas, maestros, estudiantes. Hay madres, padres, hijos, hermanos. Hay personas que soñaron con un mundo mejor y por eso las mataron.

“Nos están asesinando frente a la indiferencia del gobierno”. La frase estaba inscrita en una lona en noviembre de 2022, cuando asesinaron a Adán, Moisés y Guillermo a 100 metros del cuartel militar. ¿Estamos ante una incapacidad del Estado?  ¿O lo que falta es voluntad, porque se trata de comunidades indígenas que, además, son rebeldes? De ser lo segundo, no se trataría entonces de omisión sino de complicidad.

Los Ardillos no son una banda cualquiera. Son una organización narco-paramilitar con poder territorial, con brazos políticos en el PRD, con familiares de líderes criminales ocupando diputaciones y presidencias municipales por este instituto político. Y con poder para “invitar a desayunar” a políticos locales de todos los partidos, incluyendo Morena.

¿Cuántos más tienen que morir para que la sociedad y el Estado mexicano vuelvan la vista a lo que pasa en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero? El Cipog-EZ, el Congreso Nacional Indígena y las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero no han claudicado. Siguen resistiendo. Siguen nombrando a sus muertos.

Y siguen exigiendo justicia. Porque los nombres de Isaías, Bernardino, Ernesto, Isacar, y antes de ellos, los de Alfredo, Nicolás, Anita, Isaac, Bartolo, Juana, los 10 nahuas de Tlayelpan, Porfirio, Mateo y todos los demás no pueden ser sólo estadísticas. Son vidas. Son memorias. Son la prueba irrefutable de que el Estado mexicano ha decidido, en los hechos, abandonar a su suerte a quienes defienden la vida.

No hay más tiempo para la indiferencia. El alto a la guerra contra los pueblos es una exigencia que no admite demora. El país entero, cómplice por silencio, sigue acumulando nombres en una lista que no debería existir.

ver listas de personas desaparecidas y personas asesinadas:

https://lucesdelsiglo.com/2026/04/30/la-noche-de-la-montana-de-guerrero-74-muertos-25-desaparecidos-opinion

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